Tres mujeres bolivianas que desde hace varias jornadas sostienen una huelga de hambre en la sede de la Defensoría del Pueblo instaron a la Cámara de Diputados a no abrogar la Ley 1341, normativa que bloquea la declaratoria de estado de excepción en la nación suramericana y establece límites al Gobierno del presidente Rodrigo Paz y a la actuación de fuerzas de seguridad durante la protesta social.

Andrea Manríquez, María Oporto y Ruth Huanca, amas de casa, quienes desde el viernes último se sostienen únicamente mediante la masticación de hojas de coca, coincidieron en que la ley que ahora se pretende derogar cierra el paso a la impunidad de policías y militares en la represión contra los movimientos sociales, sindicatos y organizaciones que se sumaron a la rebelión popular contra las medidas neoliberales de Paz.

«Hemos visto cómo la Cámara de Senadores aprobó por más de dos tercios este domingo en la ciudad de Sucre el proyecto derogatorio, y ahora se pretende que este martes los diputados le den su visto bueno», declaró Huanca a esta agencia de noticias.

La huelguista explicó que la Ley 1341 nació de un informe de la Comisión Internacional de Expertos Independientes (GIEI), que tras una investigación dictaminó que el Gobierno de facto de Jeanine Áñez, impuesto tras el derrocamiento del Gobierno de Evo Morales en 2019, cometió masacres en Sacaba y Senkata.

El Gobierno de facto llegó al poder luego de un golpe de Estado fraguado por la derecha local con participación de los EE.UU. y la complicidad de la Organización de Estados Americanos (OEA).

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La madre de familia afirmó que esta normativa es complementaria de los artículos 138, 139 y 140 de la Constitución Política del Estado, los cuales establecen el proceder de las autoridades hacia la declaratoria de un estado de excepción.

«La Ley 1341 indica que las Fuerzas Armadas solo pueden salir cuando el potencial de la Policía fue rebasado, y ni unos ni otros serán eximidos de responsabilidad penal ni disfrutarán de impunidad», acotó Huanca.

Las manifestantes consideran que al pretender abrogar esta ley se intenta abrir un espacio para violar derechos constitucionales civiles, políticos y humanos, como el fuero sindical, además del uso abusivo y excesivo de los instrumentos represivos del Estado.

En ese contexto, denunciaron situaciones recientes: «Es lo que hemos vivido en las últimas semanas ante las protestas y bloqueos de los sectores populares con los denominados corredores humanitarios en los cuales ya se reportan cinco muertos, decenas de detenidos y heridos».

Desde su lecho de huelga, las tres mujeres llamaron al mandatario Paz a que no destruya el Estado Plurinacional, ni asuma medidas que calificaron de proimperialistas y que afectan derechos civiles y políticos.

Asimismo, hicieron un llamado a los diputados bolivianos para que «no respalden un proyecto de normativa que apunta contra el espíritu de los pueblos quechua, aymara y de lo plurinacional». Denunciaron que está en preparación un plan para generalizar la represión, después de que el Senado aprobó el domingo la abrogación de la Ley 1341, proyecto que fue respaldado en Sucre, departamento de Chuquisaca, por más de dos tercios de los senadores y remitido a la Cámara de Diputados para su revisión.

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Por su parte, la Defensoría del Pueblo aclaró en un comunicado que las tres féminas entraron a su sede y se declararon en huelga de hambre por determinaciones de carácter personal, decisión que no involucra ni representa una acción institucional.

«Reafirmamos nuestro compromiso de mantener una actuación independiente, imparcial y orientada a generar espacios de diálogo y entendimiento», concluye el documento oficial.

Tras el golpe de Estado contra Evo Morales, sectores populares se movilizaron en defensa de la democracia. Las manifestaciones fueron reprimidas. La masacre de Sacaba, en Cochabamba, tuvo lugar el 15 de noviembre de 2019, con saldo de 12 manifestantes asesinados y 125 heridos. La de Senkata, en El Alto, ocurrió el 19 de noviembre (10 muertos y decenas de heridos).

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